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El pasado 22 de marzo, el parlamento alemán (Bundesrat) aprobó una reforma legal por la que se incrementan sustancialmente los incentivos fiscales (Forschungszulage) a la I+D en ese país. Básicamente, se elevan los techos de gasto de 4 M€ a 10 M€ y la intensidad del incentivo del 25% al 35% en el caso de las pymes. La consecuencia es que una empresa que optaba a un máximo de 1 M€/año de deducción fiscal, pasa a poder deducirse 2,5 M€ si es gran empresa y 3,5 M€ si se trata de una pyme.

Como hasta la fecha, continua siendo necesaria superar la evaluación por parte de una entidad independiente autorizada por Administración (gratuita, no como en España), con un plazo determinado para su evaluación (3 meses máximo),  y, lo que es más importante, el incentivo es independiente de la cuota a pagar por la empresa. En otras palabras, si una empresa tiene pérdidas en un ejercicio y no le corresponde pagar impuesto de sociedades, la hacienda alemana le ingresa en cuenta la cantidad que resulte del dictamen de la entidad independiente tras consignarla en su declaración sin restricción alguna. En este punto, cabe recordar que la monetización de deducciones fiscales en España conlleva un peaje del 20% y el cumplimiento de ciertas condiciones como el mantenimiento del gasto en I+D y el empleo.

¿Qué significa este movimiento de Alemania en el tablero europeo de la fiscalidad? Alemania carecía de incentivos fiscales hasta el ejercicio 2020. La deslocalización de la I+D de las empresas alemanas provocó la reacción de su gobierno que introdujo dicho mecanismo para fomentar la creación y el mantenimiento de empleo de calidad. No en vano, la base de la deducción la constituyen fundamentalmente los gastos en personal investigador. La revisión de la Ley busca mejorar la competitividad fiscal de Alemania manteniendo la senda de la seguridad jurídica y la agilidad en la gestión. Precisamente en estos últimos puntos radica el talón de Aquiles de nuestros incentivos fiscales a la I+D.

Partiendo de la base que en el sistema español el porcentaje del incentivo es mayor, se pueden incluir más tipos de gastos (elementos que no debemos perder), la innovación es deducible y no existe techo a la aplicación de deducciones fiscales por I+D+i mientras haya cuota suficiente, hay tres factores que dificultan su extensión:

• El sistema alemán cuenta con una única evaluación que incluye todos los años de ejecución del proyecto,  gratuita y ágil. El español, dos evaluaciones (certificación y emisión del informe motivado) para cada año de ejecución y con coste anual para las empresas.
• El cobro del incentivo en el sistema alemán es independiente de los beneficios que genera la empresa. En España, o generas beneficios o esperas más de dos años para cobrar el incentivo.
• La monetización de la deducción fiscal por I+D en Alemania incluye los ejercicios fiscales no prescritos. En España no es posible monetizar (si consignar) deducciones sin solicitud de informe motivado presentada al año siguiente de la ejecución del proyecto.

Todo esto sin entrar a valorar las tristemente famosas diferencias de criterio entre el Ministerio de Innovación y el de Hacienda en proyectos de software que nos restan credibilidad como país; o los informes de “expertos” que de forma recurrente aconsejan aplicar recortes sobre este incentivo fiscal.

En un contexto de competencia global por retener la generación de conocimiento es nuestro deber como país garantizar la seguridad jurídica y reducir los plazos para acceder a un incentivo como las deducciones fiscales como herramienta fundamental para atraer inversión extranjera en I+D a España. No en vano, su continuidad en el tiempo (surgieron en 1978 aunque el esquema actual data del año 2000), la no dependencia de la actividad de la empresa ó las prioridades políticas (como en el caso de las ayudas y subvenciones) y el robusto sistema de certificación acreditado por ENAC lo convierten en un referente para otros países. Dicho esto, debemos permanecer atentos a los cambios legislativos de otros países como Alemania para continuar mejorando el incentivo y no quedarnos atrás. Las consecuencias son por todos conocidas: el traslado de la sede social de Ferrovial a los Países Bajos o las amenazas de Repsol de llevarse a Portugal 1.500 M€ de inversión, son los dos casos más relevantes pero no los únicos.