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The European Green Deal establece una nueva estrategia de crecimiento que persigue transformar la Unión Europea en una sociedad justa y próspera, con una economía innovadora, eficiente en el uso de sus recursos y competitiva, y con la finalidad de hacer de la Unión Europea el primer continente neutro climáticamente en el año 2050, así se recoge en el paquete de medidas de recuperación propuesto por la Comisión Europea ante la actual crisis sanitaria, donde la reactivación de las economías, debe abordarse con un enfoque más verde, innovador, social y digital para un futuro más sostenible.

España en estas últimas semanas ha avanzado en este ámbito, con la remisión a las Cortes el pasado 19 de mayo del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE), iniciando la tramitación parlamentaria del proyecto legislativo para que España alcance la neutralidad de emisiones no más tarde de 2050 y la recién aprobación el pasado 2 de junio en Consejo de Ministros, de la Estrategia Española de Economía Circular.

Al analizar sendos documentos, podemos comprobar el rol clave que se asigna a la I+D+i, “promoviendo la investigación y la innovación tanto en el ámbito público como en el sector empresarial, y especialmente en materia de colaboración público-privada, como motores del cambio y transición hacia un modelo productivo y social sostenible facilitando la generación de conocimiento, su transferencia y la adopción de nuevas tecnologías”. Se destaca la importancia de impulsar la financiación pública en este ámbito, la colaboración público-privada, favorecer la inversión empresarial en I+D+i, el acceso a instrumentos financieros, la Compra Pública Innovadora, así como incentivar la innovación a través de la fiscalidad.

Incidir en el aspecto crucial de acompañar la estrategia española con un paquete de medidas fiscales que persiga el equilibrio entre la creación de nuevos tributos para desincentivar comportamientos no deseables, con la reducción de carga fiscal y establecimiento o mejora de incentivos fiscales, como sería la mejora de las deducciones a las actuaciones de I+D+i «ecoeficientes» (artículo 35 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades), que persigan minimizar y/o mitigar el impacto medioambiental de nuestras actividades, a través de actuaciones e inversiones tecnológicas verdes.